dimecres, 6 de maig del 2015
Los discursos liberales son bien conocidos por su afán de liberalización económica en aras de una mayor libertad y una mayor eficiencia. La globalización económica, esto es, el libre flujo de capitales, mercancías e información está siempre presente en el discurso ideológico, y muchas veces se obvia que también entra en ésta liberalización la libertad de circulación de personas, esto es, la libertad migratoria.
La libertad de movimientos es
una libertad básica que los gobiernos deberían respetar y proteger. Las
restricciones fronterizas son moralmente inadmisibles y económicamente
destructivas. La mayoría de individuos a los que se les impide mover libremente
a través de las fronteras nacionales huye de la persecución o de la pobreza,
desea un mejor trabajo y poder mejorar sus planes de vida. La restricción
migratoria prohíbe a esos individuos llevar a cabo todas las acciones
mencionadas anteriormente, y no por falta de mérito o porque representen un
peligro para los demás. Esto es un escollo para el potencial económico y la
innovación de las sociedades humanas de todo el mundo, y es indefendible en
cualquier orden que reconozca el valor moral y la dignidad de todo ser humano.
El filósofo Michael Huemer argumenta con un ejemplo la
inmoralidad de la restricción migratoria. En su ensayo, Huemer nos pone en una situación impactante.
Marvin necesita desesperadamente comida. Alguien le ha robado
la comida o quizá un desastre natural ha destruido su cosecha. Sin importar la
razón, Marvin está en riesgo de morir de hambre. Afortunadamente, Marvin tiene
un plan para remediar su problema: irá hasta el mercado, donde comprará pan.
Huemer asume que en la ausencia de interferencias externas, el plan será
satisfactorio: el mercado está abierto, y hay otros individuos que están
dispuestos a venderle comida a Marvin, intercambiándola por algo que Marvin
posee. Un tercer individuo, Sam, se da cuenta de las intenciones de Marvin. De
repente, Sam decide detener a Marvin para restringir que logre su objetivo,
impidiéndole mediante la fuerza y la coacción que logre llevar a cabo el
intercambio. En consecuencia, Marvin regresa a su casa con las manos vacías y
muere de hambre. En ésta situación —argumenta Huemer—Sam ha hecho algo
moralmente comparable a matar a Marvin; ha sido una violación severa de sus
derechos. Su sangre está en sus manos.
La moralidad del argumento anterior también se hace extensiva
en otra situación menos extrema y de consecuencias menos severas. Ahora
supongamos—sigue Huemer—que en lugar de morir después de volver a casa, Marvin
posee una malnutrición severa. Además, su situación podría haberse evitado si
hubiera sido capaz de comerciar en el mercado, pero Sam se lo impidió mediante
la coacción. En este caso, de nuevo, Sam ha violado los derechos de Marvin y se
puede afirmar que Sam es culpable de la malnutrición de Marvin.
En otro escenario, Marvin es muy pobre, y puede modificar su
situación comerciando en el mercado y aumentando su renta, y además enviará
grandes cantidades de dinero a su lugar de origen para ayudar a su familia. De
nuevo, Sam restringe su acceso al mercado mediante la coacción. En éste caso,
Sam ha forzado a Marvin a seguir siendo pobre. Al comienzo, Sam no era el culpable de que Marvin fuera pobre, pero
ahora sí es culpable que Sam lo siga siendo, pues ha interferido en la acción
que hubiera modificado su situación.
Ésta última situación es la que se da constantemente en las
sociedades. Por tanto, las políticas de restricción migratoria son, a todos los
efectos, directamente culpables de las situaciones de pobreza (en Europa,
además, tenemos la Política Agrícola Común que lleva a cabo la Unión Europea, y
mediante la cual se dificulta enormemente a los países pobres poder competir,
debido a las reducciones artificiales de los precios europeos derivadas de
dicha política).
Hay dos argumentos desde un punto de vista moral comúnmente
usados contra quienes propugnamos una apertura de fronteras y una
liberalización de los flujos migratorios (muy utilizados por los sectores
conservadores de la sociedad). El primero de todos es que la inmigración pondría en peligro la cultura nacional,
y el segundo es que quienes defendemos la libertad migratoria tenemos la
obligación moral de compartir nuestro
domicilio o nuestro empleo con los inmigrantes.
El primer argumento, aunque fuera cierto, no sería motivo
suficiente para justificar que se condenase a la pobreza a miles de millones de
personas. Tal vez haya algo de valor en mantener una cultura y una identidad,
pero no son lo suficientemente valiosas como para justificar y forzar a
millones de Marvins a la pobreza. Si se usa éste argumento para justificar las
restricciones migratorias y por ende condenando a la pobreza y la muerte a
millones de Marvins, se está quebrantando la igualdad moral. La igualdad moral de las personas simplemente establece que, prima facie, no podemos considerar que los fines
existenciales de ninguna persona posean prevalencia moral sobre los fines de
ninguna otra persona. Y más aún cuando la cultura nacional, los valores y las
costumbres, al igual que la religión, deberían ser cosas independientes del
Estado, pues éste podría arbitrariamente privilegiar a unos y promocionarles
mediante los impuestos de los otros (cosa que es fruto de la simbiosis entre
Estado y Nación, surgiendo el concepto de Estado-Nación).
El segundo argumento, además de ser absurdo y ridículo, tiene
una sencilla contra-argumentación. Aquél que lo usa contra quienes defendemos
la libertad migratoria, ¿tiene la obligación moral de acoger en su casa a los
españoles que no tengan techo o compartir su trabajo contra los que estén
desempleados? Juan Ramón Rallo concluía en un debate sobre la igualdad moral
que lo que la
igualdad moral entre las personas requiere es no tratar distinto a quienes son
iguales (los seres humanos). Nada más. Si no existe una obligación positiva a
compartir nuestro domicilio con españoles, tampoco la habrá con los
no españoles.
Pero
además, la inmigración no solo es moralmente aceptable, sino que también mejora
el bienestar y la prosperidad de las sociedades.
La revista Fortune
publica cada año el ranking Fortune 500,
un listado de las 500 mayores empresas estadounidenses de capital abierto a
cualquier inversor según su volumen de ventas. De éste ranking hay algunos datos
interesantes:
—Más
del 40% de las empresas del listado de Fortune 500 del 2010 fueron fundadas por
inmigrantes o por hijos de inmigrantes.
—Las
empresas de Fortune 500 fundadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes emplean
a más de 10 millones de personas en todo el mundo
—Los
ingresos generados por las empresas de Fortune 500 fundadas por inmigrantes o
hijos de inmigrantes son mayores que el PIB de todos los países del mundo, a
excepción de Estados Unidos, China y Japón. Es decir, serían la cuarta economía
más grande del planeta. Si solo cogemos las empresas fundadas directamente por
inmigrantes (excluyendo hijos de inmigrantes), seguirían teniendo un PIB mayor
que España, Canadá, Corea del Sur o Argentina.
Los datos anteriores arrojan un enorme balance a favor de la libertad migratoria. Pero no parecen suficientes, pues hay un argumento que ha calado y seguirá calando muy fuerte en las sociedades, y es de un uso muy recurrente: los inmigrantes hacen que disminuyan los salarios, al tener una remuneración salarial menor. Aunque resulte sorprendente, la evidencia empírica disponible demuestra justo lo contrario: los inmigrantes tienen un efecto nulo o incluso positivo sobre los salarios nacionales.
De entrada, se comete un error teórico suponiendo que los
inmigrantes son trabajadores sustitutivos de los nacionales, cuando los
primeros suelen ser empleados de baja cualificación y los nacionales no (como
dato, el 88,5% de los trabajadores españoles tiene un título de educación
secundaria o superior del que carecen la gran mayoría de inmigrantes). Lo que
esto significa es que para la mayoría de los casos, los trabajadores
inmigrantes son complementarios y no sustitutivos de los nacionales.
Por un lado, los inmigrantes facilitan la creación de nuevos
empleos (por ejemplo, abaratan el servicio doméstico y han permitido
incrementar la participación de la mujer en el mercado laboral) y por otro, un
aumento de los trabajadores foráneos a causa de la inmigración supone
incrementar la demanda interna por el resto de bienes que producían los
nacionales, lo que aumenta su remuneración; el gasto adicional de los nuevos
inmigrantes permite sostener nuevos empleos (no es, como se argumenta muchas
veces, un juego de suma cero en el que los puestos de trabajo están dados).
Además, el aumento de inmigrantes haría crecer los precios de la vivienda
(aumentaría la demanda) y revalorizaría el patrimonio que pudieran tener los
trabajadores.
Por otro lado, no deja de ser curioso que haya quienes son
partidarios del madoffiano sistema de pensiones de reparto, basado en la
cantidad de trabajadores para poder abonar las pensiones y prestaciones , y
contrarios a la libertad migratoria. Con las condiciones actuales, y si la
tendencia sigue y se acelera, podría llegarse a una proporción de 1 trabajador:
1 pensionista. Dado que las pensiones crecen con dos factores, la productividad
y el número de empleados, y España ha tenido y tiene una productividad muy
baja, será necesaria la presencia de inmigrantes para intentar revertir la
pirámide poblacional y poder hacer sostenible un sistema condenado a la
quiebra.
En suma, la
libertad migratoria debe ser la norma, no la excepción. Solo bajo algunos
supuestos y situaciones muy concretas podría argumentarse en pro de la
restricción.
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